Hasta 3 años puede llevar a un migrante venezolano convalidar sus títulos en Colombia.
Para
un ciudadano profesional venezolano migrar puede representar una oportunidad
para consolidar su carrera, o caso contrario, los requerimientos administrativos
que impone el país receptor a los profesionales migrantes para poder ejercer
pudieran constituirse en un serio atraso que no les permite laborar para
sostenerse a sí mismos y a sus familias a partir de su experiencia.
Según
una publicación de una reconocida revista digital colombiana, por medio de la
Gran Encuesta Integrada de Hogares del Departamento Administrativo Nacional de
Estadísticas de Colombia (Dane), se pudo conocer que 65 % de los más de 2
millones de migrantes venezolanos en Colombia, poseen un título de bachiller,
el 15 % cuentan con títulos técnicos, 14 % con títulos universitarios, y el 3%
están diplomados en postgrados, sin embargo, la mayoría no ha logrado
insertarse en el campo laboral profesional.
Para
el docente wayuu Eudomar Montiel, del clan ipuana, migrar ha sido una
experiencia fuerte, pues, según él, no es fácil pasar de una estabilidad a una inestabilidad,
“resultan afectados varios factores, psicológicos, económicos, personales, familiares,
y sobre todo cuando somos indígenas wayuu, porque somos sociales, colectivos,
pensamos en la familia”.
Con
una vasta experiencia en el campo de la docencia universitaria, estudió la
primaria en una comunidad de la Guajira venezolana llamada Los Hermanitos,
cursó bachillerato en el Moján, municipio Mara, y finalmente graduarse en
Química Pura de La Universidad del Zulia (LUZ). “Cursé una maestría en
enseñanza de la química y luego un doctorado en Ciencias Humanas en la misma
casa de estudios, e hice de parte del personal de investigación y docencia por
un lapso de seis años”.
Cuando
comenzó a arreciar la crisis social y política en Venezuela, decidió migrar en
el año 2016 para establecerse en la ciudad fronteriza de Maicao donde fue
contratado por la Secretaría de Educación de ese municipio para una
intervención pedagógica, “esa experiencia me ayudó a dar a conocer mi trabajo y
así llegar a Nazareth en el año 2020 cuando me contrataron como docente, aquí
operaba una organización con quienes trabajé haciendo uso de mi pasaporte”.
“Algunos
políticos me ofrecieron sacarme la cédula pero nunca accedí porque al hacerlo
de esa manera, incurría en doble identidad y eso me afectaba en mis títulos, me
mantuve firme en mi intención de legalizarme con mis documentos como
venezolano, se me venció el pasaporte, la visa de trabajo, y fue cuando opté
por el Pep, que luego pasó a ser PPT, para cualquier migrante venezolano ese
documento es una oportunidad para trabajar en cualquier sitio, sin embargo,
para los profesionales, para poder ejercer, además del ppt, se nos exige una resolución
del ministerio de educación nacional”.
Montiel
hace referencia a una resolución a través de la cual el Ministerio de Educación
Nacional acredita a los profesionales venezolanos poder ejercer en territorio
colombiano. “Para nadie es un secreto que es un proceso bastante duro, primero
por el apostillado en Venezuela, y aquí para que se otorgue la resolución, se
establece un tiempo de espera una vez realizada la solicitud, en lo cual llevo
tres años en lo mismo, primero me pidieron apostillara los documentos de las
prácticas profesionales, luego me devuelven los documentos porque debía
realizar los programas, y hasta ahora no he obtenido la resolución, nos
encontramos con muchas trabas a nivel de estructura ministerial”, explicó.
Para
ejercer su profesión, el Estado colombiano establece una serie de normativas
como exigencia para convalidar los títulos otorgados por universidades
venezolanas, sin embargo, para el migrante venezolano, el proceso resulta muy
engorroso pues en muchos casos la convalidación del título lleva más tiempo de
lo requerido.
En
referencia al marco normativo para el ejercicio profesional de un migrante, en
primer lugar, debe entenderse que la convalidación es el reconocimiento que el
Ministerio de Educación Nacional (MEN) le da a un título de educación superior
otorgado por una institución legalmente autorizada en el país de origen. En ese
sentido, por ejemplo la resolución 0547 del 2005, el MEN exigía que los
documentos profesionales debía ser llevados hasta Bogotá; la resolución 6950 de
2015 estableció tres requisitos importantes para solicitud de convalidaciones:
acreditación de institución por alta calidad, caso similar y evaluación
académica, se establecieron 4 meses para dar respuesta al solicitante pero el proceso
puede durar hasta más de un año, situación que llevó a que muchos profesionales
desistieran y se dedicaran a labores informales.
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