El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina
OCMAL, frente a los acontecimientos de Cajamarca, la oposición de las
comunidades al desarrollo del proyecto CONGA y las medidas adoptadas por el
gobierno del Perú, expresa lo siguiente:
1. Que reconocemos el derecho de las comunidades a cuestionar y
rechazar el proyecto CONGA pues este pone en riesgo sistemas hídricos y
cuencas vitales para el abastecimiento de agua y la conservación de los
ecosistemas de los que depende una parte importante de la población
especialmente, aunque no exclusivamente rural y campesina
2. Que los antecedentes y análisis técnicos del proyecto
indican que no se ha asegurado que no afectará la calidad y cantidad de
agua y por tanto los ecosistemas y poblaciones que de ellos dependen
3. Que el gobierno del Perú, contrario a las promesas y
compromisos asumidos con la región de Cajamarca se muestra ahora dispuesto
a imponer dicho proyecto, ignorando el pedido de la población y los
innumerables argumentos técnicos ambientales y sociales que indican que
los efectos serán enormes e irreversibles condenando a la región a una
catástrofe ambiental como se ha conocido en otros proyectos mineros tanto
en la región como en el mundo
4. Que la protección del agua debe anteponerse a cualquier tipo
de proyecto minero para garantizar la sobrevivencia y soberanía
alimentaria del pueblo peruano habitante en la zona de conflicto.
5. Que la imposición del estado de emergencia en 4 zonas del
país donde se desarrolla el conflicto no contribuye a una solución
racional, pacífica y sostenible del mismo y que por el contrario,
incrementa la confrontación, disminuyendo ostensiblemente las vías de
salida democrática y participativa del conflicto.
Hacemos un llamado a las autoridades:
A reconocer que la empresa Newmont que opera en la zona ha
impactado y alterado los sistemas hídricos locales y ha destruído la
laguna Yanacocha. Por tanto, reconocer que ha quedado de manifiesto que la
compatibilidad entre minería y desarrollo sustentable no es real, debido
entre otras cosasa a la práctica cotidiana de destrucción ambiental,
social y cultural que ha generado permanentesconflictos en estos años de
operación en Cajamarca
A respetar la voluntad de la mayoría de la población, a
implementar un plan que permita la solución real del conflicto y que
prioricen la sustentabilidad de las actividades productivas comprometidas,
en lugar de la destrucción masiva de ecosistemas de vital valor para la
región.
A respetar los canales democráticos y ante todo, los
derechos humanos además de los derechos económicos, sociales, culturales
y ambientales de la población, garantizando la integridad de las personas
y el respeto al derecho de expresión y rechazo a quienes se encuentran
defendiendo sus legítimos derechos.
A promover diálogos reales, honestos,
transparentes y comprometidos, con los diferentes actores del conflicto, en
la búsqueda de una real solución, resolviendo los problemas de fondo y
asegurando la vida y los derechos de las comunidades afectadas y las
poblaciones opuestas al emprendimiento minero.
Llamamos también a las organizaciones de la
sociedad civil a aunar esfuerzos para exigir el respeto a los derechos de
las comunidades afectadas que son parte del conflicto, a comprometer su
accionar en el desarrollo genuino de la región y a defender a las
comunidades frente a cualquier atropello a su integridad y sus derechos.
Observatorio de Conflictos Mineros de América
Latina OCMAL
5 de diciembre de 2011
--
Cesar Padilla
Coordinador
OBSERVATORIO DE CONFLICTOS MINEROS
DE AMERICA LATINA
OCMAL
www.conflictosmineros.net
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