DECLARACION DE BRUSELAS SOBRE LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA

5. La responsabilidad Europea

Desde 2002, se incrementó el interés de grandes empresas europeas por Colombia. Una agenda de pacificación del país fue elaborada y apoyada tanto por el gobierno de los Estados unidos, como por grupos financieros y empresarios europeos. La Comisión europea y en el Consejo europeo apoyan el "proceso de paz" por un compromiso político y financiero, que incluye también la ley Justicia y Paz.

A pesar del hecho que el gobierno de Colombia sea responsable de violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos y de crímenes de lesa humanidad, el apoyo de varios Estados de la Comunidad europea y de otros como Suiza, los hace corresponsables de tales hechos. Esta situación se concreta de la manera siguiente:

5.1. Las empresas multinacionales europeas (Unión Fenosa, Banco Bilbao Vizcaya, Banco Santander Central Hispano, Endesa, Prisa, Aguas de Barcelona, CEPSA, Gas Natural, de España, BP y Nestlé de Suiza) están implicadas en:

- El desplazamiento forzado de personas por parte de las fuerzas armadas, policía y en especial por paramilitares, para el control de los territorios destinados a monocultivos, a actividades mineras, petroleras o turísticas. A título de ejemplo se pueden citar las empresas Repsol (España) y BP (Gran Bretaña).

- En la vulneración del acuerdo 169 de la OIT sobre el respeto de los recursos naturales de los pueblos indígenas (BP).

- En la denegación de los derechos de los trabajadores, como en el caso de Nestlé y BBVA.

- En la colaboración con grupos paramilitares para la seguridad de las empresas, un ejemplo es BP.

- En las presiones sobre las instancias políticas locales para que no intervengan.

- En las inversiones en medios de comunicación de masa que presentan Colombia como un país democrático, tal como hace el grupo español Prisa.

- En el financiamiento de proyectos negativos para el ambiente y socialmente desastrosos. El Banco Santander es un caso entre otros.

1. La Unión Europea impone normas de utilización de agrocombustibles (20% de energías renovables para 2020), y así favorece el desarrollo de monocultivos de caña (etanol) y de palma (agrodisel).

2. El Banco Europeo de Inversión (BEI), mayor institución internacional de financiamiento público del mundo, financia empresas multinacionales en Colombia, sin criterios suficientes concernientes a las normas del entorno y a las condiciones elementales del respeto a los Derechos Humanos.

3. Los Tratados bilaterales entre países europeos y Colombia: se trata de Hungría, la República Checa, Polonia y Rumania.

4. Los acuerdos en el cuadro del Sistema de Referencias Generalizadas Andinas (SPG), que favorecen las exportaciones colombianas en Europa.

5. Las negociaciones para un Tratado de libre comercio, sin cuestionar seriamente las situaciones de violaciones de Derechos Humanos.

6. La colaboración militar entre Colombia y el Reino Unido y entre Colombia y Francia, como la venta de armas de varios países Europeos, entre ellos España y Bélgica, entre otros.

Lo que se espera de los actores económicos y políticos de Europa:

1. Una renegociación de todos los acuerdos con Colombia sobre la base del artículo 2 del Acuerdo de Asociación, estipulando que un acuerdo puede ser denunciado si una de las partes involucradas, viola los Derechos Humanos.

2. La aplicación de estos criterios por el BEI.

3. El fin de toda negociación que desemboque en medidas de privatización y de liberalización que beneficien a las empresas transnacionales europeas y no al pueblo colombiano.

4. El fin de las políticas energéticas, imponiendo de hecho una producción de agrocombustibles en Colombia.

5. El financiamiento de programas sociales que benefician a las poblaciones más necesitadas en concertación con los movimientos sociales populares.

6. Una contribución a la reparación de los daños que resultaron de las políticas económicas europeas.

7. Apoyo a los movimientos y organizaciones sociales, que en Colombia luchan por los Derechos Humanos y en particular en sus esfuerzos para presentar sus casos ante la Corte Penal Internacional.

8. Colaboración activa con el proceso de paz y reconciliación, tomando en cuenta la necesitad de reconstruir la memoria, de iniciar negociaciones políticas y de establecer estructuras económicas y sociales garantizando la justicia, la verdad, la reparación de las víctimas y la no repetición de los crímenes.

9. La suspensión de financiamiento a proyectos de cooperación al desarrollo que fortalecen a grupos paramilitares y a políticos involucrados con ellos.

10. La denuncia de la Ley de Justicia y Paz y de la comisión Nacional de Reparación y Reconciliación como instrumentos jurídicos y políticos no adecuados con el reclamo de las víctimas de vulneración de Derechos Humanos y el apoyo a un verdadero proceso de verdad, justicia y reparación.

11. La suspensión de los acuerdos militares y de la venta de armas y de cualquier equipo militar por parte de los países de la Unión Europea al gobierno de Colombia.

12. La anulación de la Directiva aprobada por el Parlamento Europeo referida al retorno de la población inmigrante, entre ellos la población colombiana.

Conclusión

En función de todas estas consideraciones y sobre la base, tanto de los resultados de los varios Tribunales, como de los testimonios directos, el Tribunal confirma las sentencias de las sesiones de los Tribunales Internacionales de Opinión precedentes y DECLARA: AL GOBIERNO DE COLOMBIA CULPABLE DE CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD. El Tribunal constató también que la situación, lejos de mejorarse tiende a empeorar y por eso llama a la conciencia de los pueblos europeos para que ellos y sus responsables políticos se abstengan de colaborar con el gobierno colombiano. Se espera al contrario que tomen iniciativas para parar las violaciones que se cometen en el país y apoyen la construcción de una sociedad democrática, sobre la base de negociaciones políticas y de instituciones renovadas.