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SEMANA
La desmovilización paramilitar puso a Colombia ante un nuevo reto que exige abordaje tan inmediato como el de la resolución de las dudas sobre la reparación a las víctimas y el futuro de los jefes paramilitares que se acogieron a la ley de justicia y paz. Se trata de la aparición de 22 nuevos grupos armados que se pelean los negocios, recursos y territorios de los desmovilizados, especialmente para el tráfico de drogas.
Dichos grupos hacen presencia en 25 departamentos del país, están integrados por entre 3.000 y 6.000 personas y tienen tres orígenes básicos: son disidentes de la negociación con el gobierno, desmovilizados que se rearmaron o grupos emergentes que, bajo una nueva marquilla, ocupan las zonas en las que operaban las antiguas autodefensas.
Sus objetivos también son variados. Van desde los servicios de seguridad privada para las mismas zonas de tradicional influencia 'para' hasta la lucha por el control de rutas y la salida de drogas ilícitas a través de Venezuela, el Caribe y el Pacífico.
Mientras el gobierno las define como simples bandas delincuenciales y la oposición cree que son la prueba del resurgimiento paramilitar, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) considera que son algo más que lo primero y, si no hay acciones efectivas por parte del Estado, pueden convertirse en lo segundo. Incluso el director de la CNRR, Eduardo Pizarro, alertó el 15 de agosto sobre lo que podría convertirse --en caso de que las autoridades no adopten las medidas necesarias-- en la tercera generación paramilitar del país.
Los nuevos grupos armados aparecieron tras las 37 ceremonias de desmovilización colectivas efectuadas desde 2002, a las cuales se acogieron 32 mil hombres. Según la Policía Nacional, el 17% de los miembros de dichas estructuras son desmovilizados. Otras cifras oficiales también señalan que 694 ex integrantes de las autodefensas que reincidieron fueron asesinados y otros 1.452 resultaron heridos.
La CNRR cruzó los datos oficiales de la Fuerza Pública con los de la Misión de Apoyo de la OEA e identificó las cuatro principales zonas en las que operan dichos grupos.
1. La Costa Caribe: 1.290 hombres ocupan la zona del extinto Bloque Norte de las AUC en los departamentos de Atlántico, Magdalena, La Guajira, Cesar y Norte de Santander. La región es clave para el narcotráfico, el contrabando, el secuestro y la extorsión.
2. Urabá, Córdoba y Magdalena Medio: 605 hombres ocupan ahora el área en la que hubo mayor cantidad de desmovilizaciones colectivas en el país.
3. Llanos Orientales: Hay 960 hombres en armas entre Meta, Vichada y Guaviare, región disputada entre varios de estos grupos y con las guerrillas.
4. Región Pacífico: En esta área hay más de 1.100 hombres armados desde la desmovilización de las autodefensas. Delinquen con o contra la guerrilla, los narcotraficantes y otros grupos ilegales.
Aunque las cifras presentadas por cada institución pueden variar en cuanto al número de integrantes de cada una de estas nuevas organizaciones armadas, todas coinciden en su existencia y en la necesidad de adoptar medidas inmediatas para evitar que el mal se desborde, como ocurrió con los paramilitares de primera y segunda generación.
Para la CNRR, la respuesta frente al surgimiento de estos nuevos grupos violentos debe incluir un refuerzo en las estrategias de atención a los desmovilizados, más presencia estatal en las zonas en las que operan y hasta un mayor control a los ex jefes paramilitares recluidos en la cárcel de Itagüí, algunos de los cuales estarían relacionados con las nuevas estructuras de violencia.
La advertencia está dada y el reto para evitar consecuencias que puedan ser aún más contraproducentes en el proceso de desmovilizaciones que lideró está ahora en manos del mismo gobierno. Es cierto que no se deben magnificar las manifestaciones de violencia. Pero tampoco hay que desconocerlas, especialmente si son tan tangibles como las de los grupos post-autodefensas.
Tomado de:
http://www.semana.com/multimedia/md_281/Media-281_2007816_192538_High.swf
SEMANA
La desmovilización paramilitar puso a Colombia ante un nuevo reto que exige abordaje tan inmediato como el de la resolución de las dudas sobre la reparación a las víctimas y el futuro de los jefes paramilitares que se acogieron a la ley de justicia y paz. Se trata de la aparición de 22 nuevos grupos armados que se pelean los negocios, recursos y territorios de los desmovilizados, especialmente para el tráfico de drogas.
Dichos grupos hacen presencia en 25 departamentos del país, están integrados por entre 3.000 y 6.000 personas y tienen tres orígenes básicos: son disidentes de la negociación con el gobierno, desmovilizados que se rearmaron o grupos emergentes que, bajo una nueva marquilla, ocupan las zonas en las que operaban las antiguas autodefensas.
Sus objetivos también son variados. Van desde los servicios de seguridad privada para las mismas zonas de tradicional influencia 'para' hasta la lucha por el control de rutas y la salida de drogas ilícitas a través de Venezuela, el Caribe y el Pacífico.
Mientras el gobierno las define como simples bandas delincuenciales y la oposición cree que son la prueba del resurgimiento paramilitar, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) considera que son algo más que lo primero y, si no hay acciones efectivas por parte del Estado, pueden convertirse en lo segundo. Incluso el director de la CNRR, Eduardo Pizarro, alertó el 15 de agosto sobre lo que podría convertirse --en caso de que las autoridades no adopten las medidas necesarias-- en la tercera generación paramilitar del país.
Los nuevos grupos armados aparecieron tras las 37 ceremonias de desmovilización colectivas efectuadas desde 2002, a las cuales se acogieron 32 mil hombres. Según la Policía Nacional, el 17% de los miembros de dichas estructuras son desmovilizados. Otras cifras oficiales también señalan que 694 ex integrantes de las autodefensas que reincidieron fueron asesinados y otros 1.452 resultaron heridos.
La CNRR cruzó los datos oficiales de la Fuerza Pública con los de la Misión de Apoyo de la OEA e identificó las cuatro principales zonas en las que operan dichos grupos.
1. La Costa Caribe: 1.290 hombres ocupan la zona del extinto Bloque Norte de las AUC en los departamentos de Atlántico, Magdalena, La Guajira, Cesar y Norte de Santander. La región es clave para el narcotráfico, el contrabando, el secuestro y la extorsión.
2. Urabá, Córdoba y Magdalena Medio: 605 hombres ocupan ahora el área en la que hubo mayor cantidad de desmovilizaciones colectivas en el país.
3. Llanos Orientales: Hay 960 hombres en armas entre Meta, Vichada y Guaviare, región disputada entre varios de estos grupos y con las guerrillas.
4. Región Pacífico: En esta área hay más de 1.100 hombres armados desde la desmovilización de las autodefensas. Delinquen con o contra la guerrilla, los narcotraficantes y otros grupos ilegales.
Aunque las cifras presentadas por cada institución pueden variar en cuanto al número de integrantes de cada una de estas nuevas organizaciones armadas, todas coinciden en su existencia y en la necesidad de adoptar medidas inmediatas para evitar que el mal se desborde, como ocurrió con los paramilitares de primera y segunda generación.
Para la CNRR, la respuesta frente al surgimiento de estos nuevos grupos violentos debe incluir un refuerzo en las estrategias de atención a los desmovilizados, más presencia estatal en las zonas en las que operan y hasta un mayor control a los ex jefes paramilitares recluidos en la cárcel de Itagüí, algunos de los cuales estarían relacionados con las nuevas estructuras de violencia.
La advertencia está dada y el reto para evitar consecuencias que puedan ser aún más contraproducentes en el proceso de desmovilizaciones que lideró está ahora en manos del mismo gobierno. Es cierto que no se deben magnificar las manifestaciones de violencia. Pero tampoco hay que desconocerlas, especialmente si son tan tangibles como las de los grupos post-autodefensas.
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