La urdimbre neoparamilitar se asoma a la costa Atlántica

Viernes, 6 de febrero de 2009


SIEC - Actualidad Étnica. Bogotá, Colombia. Los informes se multiplican y las pruebas se superponen unas a otras. Desde diferentes puntos del país llegan noticias a diario con denuncias, acusaciones, llamadas de socorro. Algunos sufren sus embestidas físicamente mediante palizas y asesinatos selectivos, otros llevan a cuestas la pesadumbre de ser víctimas de la extorsión y el chantaje, y un grupo no menos extenso ha tenido que abandonar sus tierras ancestrales ante la constancia de amenazas e intimidaciones.


Estas son algunas de las conclusiones que se extraen del último informe de Riesgo del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) dependiente de la Defensoría del Pueblo sobre la reactivación de grupos armados ilegales post-desmovilización en el municipio fronterizo de Maicao, en la Alta Guajira.


El panorama no es halagüeño. Siguiendo el documento, tres facciones armadas ilegales estarían operando conjuntamente en la zona combinando acciones de violencia política, económica y cultural con una cotidianeidad aberrante. El Frente Contrainsurgencia Wayúu, que nunca participó de las negociaciones de desmovilización pese a estar vinculado a las actividades del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), un grupo de nuevo cuño cuyo tejido organizativo parece apuntar a la sombra de alias Don Mario, y las autodenominadas Águilas Negras, bandas delincuenciales conformadas en gran parte por reintegrados de las AUC descontentos con su actual situación.


Con este horizonte criminal, el abanico de víctimas es cada vez más considerable. Sobre todo entre aquellos que tratan de erigirse como delegados o representantes de sus comunidades, cuyas actividades de sensibilización, denuncia y asociación colectiva chocan directamente con los intereses de los grupos emergentes.


Es el caso de los líderes y lideresas del movimiento Fuerza de Mujeres Wayúu (FMW, Sutsüin Jieyuu Wayúu), cuya misión gira en torno a la difusión y el sostenimiento de las tradiciones ancestrales de esta etnia y que viene denunciando desde hace varios años las violaciones a los derechos humanos proferidas en su mayoría por personas relacionadas con el paramilitarismo y neoparamilitarismo. Amenazadas e intimidadas, muchas familias Wayúu han tenido que abandonar sus territorios, y las que todavía resisten han visto perecer a multitud de compañeros y amigos.


Pero el informe del SAT va más allá. Comerciantes, transportadores, dirigentes de la cooperativa Ayatawacoop (que gestiona la compra y distribución de gasolina procedente de Venezuela), los vecinos de las veredas Vocacional, La Lucha y Los Manantiales, del corregimiento de Carraipí, los miembros de las Juntas de Acción Comunal en Maicao e incluso el colectivo árabe, estereotipado de terrorista (sic) padecen una situación que se está tornando insostenible.


A partir de tácticas propagandísticas que deslegitiman y estigmatizan a buena parte de la población, estos grupos armados están penetrando sibilinamente en el tejido social de Maicao presentándose como una solución contrainsurgente, debilitando las estructuras socioculturales de las comunidades (indígenas y no indígenas) e imponiendo una “administración del terror” que viola sistemáticamente los Derechos Fundamentales y las normas del Derecho Internacional Humanitario.


Grandes referentes informativos sobre el conflicto armado colombiano, como Verdad Abierta o la Corporación Arco Iris, no han dejado de advertir sobre el proceso de resurgimiento de un neoparamilitarismo exacerbado en la costa Atlántica durante el último año y medio. El informe del SAT, focalizado en una zona muy concreta del país, es sólo la punta de un iceberg que se expande a pasos agigantados desde Nariño hasta la Guajira alimentando la tensión de una población afligida, hastiada de tanta muerte y fanatismo.

Tomado de: http://www.etniasdecolombia.org/actualidadetnica/detalle.asp?cid=7464