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Martes, 16 de septiembre de 2008 - 02:48 GMT Envíe esta nota por e-mail Imprima esta nota

Víctimas contra el miedo

Hernando Salazar BBC Mundo, Valledupar, Colombia Medio millar de víctimas participaron en una audiencia para debatir un proyecto de ley que las proteja. Fueron convocadas por el Congreso de Colombia, autoridades locales y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Es la quinta de las diez audiencias públicas que habrá en todo el país. La mayoría de las víctimas de la violencia sufren el desplazamiento forzado. Eran mujeres y hombres humildes, muchos de ellos campesinos e indígenas, que hicieron grandes esfuerzos por vencer el miedo. El miedo se les notaba a algunos, que miraban tímidamente y, a veces, trataban de ocultar sus rostros de las cámaras de los reporteros, refugiándose detrás de claveles blancos. Luego de viajar varias horas en autobuses desde distintos sitios de la Costa Caribe de Colombia, esas personas habían llegado a su destino. La cita era en el coliseo de Valledupar, la capital del Cesar, cerca de la serranía del Perijá, en la frontera con Venezuela, una zona que ha sido duramente azotada por la violencia de paramilitares de derecha y guerrilleros de izquierda en los últimos años. Lea: "El Estado no es un actor neutral" Centenares de mujeres y hombres se acomodaron tímidamente en las graderías y allí, a pesar del intenso calor, estuvieron sentados casi ocho horas. Su miedo era justificado. Se trataba de personas que han sufrido muertes, desapariciones, torturas, secuestros, violaciones sexuales, desplazamientos forzados, despojos de bienes, ataques y amenazas de los grupos paramilitares de derecha. Todos llegaron a una audiencia pública que espera mejorar un proyecto de ley que busca crear un estatuto de protección de las víctimas. Las víctimas y sus daños Eran 500 personas representativas de las víctimas de este país, quienes suman más de 3 millones, que han perdido a miles de familiares y al menos 6,8 millones de hectáreas de tierra, según la Procuraduría General de la Nación. A las víctimas colombianas, en su gran mayoría desplazadas forzadamente, apenas se les han asignado un poco más de 60.000 hectáreas de tierra, según la Agencia Presidencial para la Acción Social. Poco a poco, el miedo en el coliseo de Valledupar disminuyó, aunque no desapareció del todo. Quizás ayudaron las palabras del gobernador del departamento del Cesar, Cristian Moreno, quien reconoció, sin ambages, las atrocidades que se han cometido en la región. Los asistentes pidieron un marco legal que los proteja. Moreno elogió a quienes esa mañana se habían atrevido "a enfrentar los propios temores" y admitió que aún "perviven algunos estamentos de nuestro entorno institucional marcados por alianzas y permeados por la presencia de actores criminales". "Aquí hay una responsabilidad central del Estado colombiano", añadió el gobernador, cuyo antecesor en el cargo, Hernando Molina Araújo, está preso por supuestos vínculos con los paramilitares. Poco después el turno fue para los defensores del proyecto de ley. Uno de ellos, el senador Juan Fernando Cristo, le dijo a BBC Mundo que en Colombia "no ha habido leyes para las víctimas, sino para los victimarios". Luego comenzaron a hablar los voceros de las víctimas, que eran escuchados por congresistas, funcionarios estatales y oficiales de Naciones Unidas. "Aún conviven con sus victimarios" El primero en hacerlo fue Juan Carlos, un hombre que reconoció que muchas víctimas no asistieron al encuentro, porque tenían miedo y porque "aún conviven con sus victimarios". De hecho, algunas de las personas que llegaron al coliseo no se atrevieron a contar todo en público. Pero en privado relataron, por ejemplo, que en algunas regiones del Cesar los paramilitares se están rearmando con la complicidad de autoridades locales. Después habló una mujer joven, del departamento de Bolívar. Se quejó del vía crucis a que son sometidas las víctimas por las dependencias del Estado y pidió "hechos y acciones claras". Enseguida, José, un hombre mayor, lamentó que no se haya vuelto a hablar del "Plan Retorno de los Desplazados". Aquí hay una responsabilidad central del Estado colombiano Cristian Moreno, gobernador del departamento del Cesar "No están llegando las ayudas a las víctimas. Por favor, ayúdennos a que se cumplan las leyes", dijo el hombre. Cuando le correspondió el turno al vocero de las comunidades indígenas de la península de La Guajira, este exigió que la ley que debate el Congreso diferencie claramente las ayudas humanitarias de las obligaciones que tiene el Estado en materia de reparación integral a las víctimas. "¿Cómo nos van a pedir perdón y olvido?" En medio de los testimonios, una mujer llamada Dolores sorprendió al auditorio cuando dijo: "¿Cómo nos van a pedir perdón y olvido? ¿Quién se va a olvidar de sus muertos, cuando nos han violado y nos han masacrado? ¿Cómo nos vamos a olvidar de lo que nos han hecho?". De repente, un grupo de niños ingresó con una galería de imágenes pintadas sobre un inmenso papel. "No deseo volver a llorar, no quiero la soledad, quiero saltar. Que nos enseñen a soñar, para mostrar la felicidad. Pedimos hoy que esto no vuelva a ocurrir una vez más", dijeron dos niñas a través del micrófono. Algunas mujeres presentes no pudieron contener las lágrimas. El proyecto de ley de víctimas está a medio camino en el Congreso de Colombia. El semestre pasado fue aprobado por el Senado, pese a la oposición del entonces Ministro del Interior y Justicia. Algunos asistentes lamentan que no se siga hablando de un Plan Retorno de los Desplazados. Ana Teresa Bernal, miembro de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, un órgano estatal creado en 2005, le dijo a BBC Mundo que ellos apoyan, "a grandes rasgos", el proyecto. ¿Qué pasará? El representante a la Cámara Guillermo Rivera declaró a BBC Mundo que él cree que la iniciativa saldrá adelante. "Si la aprobación del proyecto fuera una catarsis del Congreso (salpicado por la parapolítica), bienvenida. Este proyecto es una oportunidad para relegitimar una institución que es tan necesaria en cualquier democracia", dijo. Tres años después de haberse aprobado la Ley de Justicia y Paz, que les concede sustanciales rebajas de penas a los jefes paramilitares a cambio de que digan la verdad y reparen a sus víctimas, ninguna de las 145.000 víctimas registradas en la Fiscalía General ha recibido reparación. Mientras se producen los fallos de los jueces, el gobierno nacional puso en marcha un programa de reparaciones a diez años, en el que invertirá 3.500 millones de dólares. Ese fondo beneficiará a las víctimas de delitos contra la integridad y la libertad personal, las cuales recibirán máximo 9.000 dólares. Ya hay más de 75.000 solicitudes esperando una respuesta. Cuando terminó la audiencia en el coliseo de Valledupar, las 500 víctimas regresaron a sus lugares de residencia, muchas de ellas escoltadas por la Policía. En sus casas esperan que les llegue una reparación y tratan de sobreponerse al miedo.