Agua a cambio de gas, piden los Wayuu

Los Wayuu que viven por el sector donde va a pasar la línea de conducción del proyecto gasífero colombo-venezolano han paralizado los trabajos.

Fotos José Iguarán

Crisis en obras de gasoducto colombo – venezolano.

Por KATRIN BOLAÑO BARROS
Riohacha

Una crisis profunda entre la comunidad Wayuu y la estatal de petróleos de Venezuela, Pdvsa, se presenta por irregularidades en el proceso de concertación con los habitantes indígenas que residen en el área de influencia donde se construye el gasoducto binacional.
Esto generó una parálisis en las obras y el descontento de los indígenas por ser un proceso mal llevado y donde la ausencia estatal, los errores de Pdvsa, la ineficacia y la no idoneidad del equipo consultor provocó la irritación de la comunidad por el irrespeto a los ancianos y la falta de información del proyecto.

LAS OBRAS

El proyecto está conformado por un gasoducto de 26 pulgadas, la construcción de una estación en Ballenas y tres estaciones de seccionamiento cada 24 kilómetros, que contarán con sus respectivos accesos y teas para el manejo de posibles contingencias. Pasará por los terrenos de 62 asentamientos indígenas, de los cuales 33 pertenecen al municipio de Manaure y 29 a Maicao.

Ante esto debe haber indemnización por los efectos de remoción y descapote de la tierra por donde irá la tubería. Por otro lado, existe el anuncio de una inversión del 10 por ciento del costo del valor de las obras que supera los 335 millones de dólares. En La Guajira se construirá el 40 por ciento del proyecto, donde la inversión social debe ser de 13.4 millones de dólares y no US$1.3 millones como pretende hacerlo la empresa Petróleos de Venezuela, Pdvsa.

Enfatiza la Comisión de Control, Seguimiento y Acompañamiento del Proyecto Gasífero Colombo-Venezolano, que esos dineros no deben ir a zonas urbanas, deben ser invertidos en la zona donde se construye el proyecto, lo ideal sería llevarle agua a la gente que reside a lo largo de la vía por donde pasa el tubo.

Es un proyecto que tiene beneficios tanto para las regiones de La Guajira y del Zulia, como para los países de Colombia y Venezuela, a lo cual la comunidad no se opone sino que está solicitando las garantías para quienes quedarán viviendo bajo un riesgo potencial de explosión ya sea por atentado terrorista o por fallas técnicas, como ya ha ocurrido, porque vivir al lado de una línea de conducción de gas natural es de alto riesgo.

VOCES DE PROTESTA

El antropólogo Weildler Guerra Curvelo, director del Observatorio del Caribe Colombiano, quien actúa como asesor de los Wayuu, indicó que “de todos los proyectos de de-sarrollo que han llegado a La Guajira, quizás el proceso de negociación más primitivo y de mayores deficiencias es el proyecto de interconexión gasífera entre Colombia y Venezuela, que lidera Pdvsa”.

Dice Guerra Curvelo que la vía es una gran herida en el territorio Wayuu que afectará zonas de pastoreo, área de siembras y recolección de frutos, que implica reubicación de viviendas y de territorios sagrados como los cementerios, en muchos casos la presencia de extraños, porque se convierte en una vía transitada por técnicos, obreros y todo tipo de personas, que indudablemente afectarán la tranquilidad y la cotidianidad de los indígenas, sin embargo no nos oponemos al proyecto.Explicó que fue un proceso que se caracterizó por una ina -adecuada planificación con una consulta previa viciada desde su inicio, ya que Colombia cuenta con nueve principios de cómo debe llevarse una consulta.

“La consulta previa no fue oportuna, tanto es, que hoy en día cuando ya está la licencia ambiental todavía hay comunidades indígenas por fuera de ella, que están buscando su incorporación porque no se les avisó oportunamente”, indicó Guerra Curvelo.

Para este dirigente comunitario la consulta no fue proporcional, y las compensaciones entregadas como chivos, hilos y chirrinchi no se compaginan con la magnitud e importancia económica y geopolítica de este millonario proyecto.

“La consulta no fue integral, no hubo unidad temática, se debió concertar con todos los actores involucrados, y no individualmente, porque al separarlos lo que se hace es que se muestran pequeñas demandas particulares sin mayor impacto social en la población. Para mí se está utilizando una estrategia deliberada, porque no se realizó con la totalidad de la comunidad; no fue amplia, se excluyeron sectores, no hubo pluralismo jurídico, que es incorporar la Ley colombiana, más la Ley Wayuu para unificar los valores de la comunidad”, anotó Weildler Guerra. Sostuvo que tampoco fue bidirecional, lo cual demuestra que faltó concertación entre el grupo étnico y la empresa constructora del proyecto para armonizar los puntos de vista que permitan el avance de las obras.

“Fue una consulta asimétrica entre una gran multinacional y unos ancianos indígenas monolingües que no conocían la magnitud del proyecto, no hubo una adecuada información de la obra ni de sus características, ni de su importancia”, enfatizó el académico e investigador.

FALTO INFORMACION

El proyecto se conoció cuando ya había una licencia ambiental expedida, lo que es considerado por el director del Observatorio del Caribe Colombiano como un pésimo ejemplo, que está viciado desde su inicio, y en donde además Pdvsa tiene una actitud autoritaria, tratando de imponer sus puntos de vista.

“Nos preocupa que no exista un departamento de Relaciones con la Comunidad, como lo tienen todas las empresas que explotan los recursos minerales de La Guajira, aquí quien dirige lo del tubo y las cuadrillas de obreros también dirige las negociaciones con el mismo estilo”, anotó con preocupación.Señaló dos grandes omisiones: la dirección de Etnias del Ministerio del Interior actuó más para defender el interés de Pdvsa que los intereses de la comunidad Wayuu, como es su misión; y la Secretaria de Asuntos Indígenas de La Guajira, estuvo de cuerpo presente, pero ausente de mente y de voluntad política para defender los intereses de la comunidad, si ellos hubieran cumplido su misión esta comisión no existiría.

La inversión social debe ser dirigida a las comunidades indígenas que son las afectadas por el proyecto, por eso sería injusto que esos dineros sean invertidos en otras áreas de La Guajira.Enfatiza que Pdvsa está actuando con inexperiencia, en operar en un campo colombiano donde hay comunidades indígenas con una normatividad que ellos desconocen, pero que no se esfuerzan por aprender y mucho menos por aplicar.

Aseguró que solicitarán a la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo su intervención, para la reingeniería del proyecto y lograr que se institucionalice un canal de diálogo y respeto entre la comunidad y la empresa constructora.

José Gómez Pana, del clan Pushaina, manifestó que la etnia Wayuu es propietaria de un millón setenta mil hectáreas, en consecuencia del resguardo de la Media y Alta Guajira, somos dueños de una propiedad colectiva en la que tanto el sector público como privado para realizar cualquier obra debe concertar con la comunidad y pagar por la servidumbre.

INVERSION SOCIAL

Jurídicamente el procedimiento para la contratación de la obra no ha sido establecido dentro del marco jurídico colombiano, sin embargo las autoridades nacionales han sido permisivas con Pdvsa al aprobar unos estudios y una licencia ambiental sin el lleno de los requisitos que exige la normatividad colombiana, de allí parte el desconocimiento al pueblo Wayuu, dijo el abogado Álvaro Iguarán Uriana.“No se ha firmado ningún tipo de servidumbre por el uso del territorio que contemple cuáles son las obras sociales que se deben hacer y en qué sentido se va a utilizar la servidumbre, y frente a eso no se ha dicho nada, por ello como Wayuu, no permitiremos ninguna violación y vigilaremos los parámetros de construcción de la obra”, aseguró el abogado indígena.

¿REGALO O INVERSION SOCIAL?

La supuesta concertación con los jefes Wayuu parece más un regalo que Pdvsa está dando, que la compensación por el uso de los predios indígenas; se entiende que no se debió manejar en forma individual, sino colectiva porque la propiedad del resguardo es colectiva, no son dádivas individuales lo que la etnia exige, sino la solución de problemas colectivos como la falta de agua y baja cobertura en salud y educación.

Manifiesta Iguarán Uriana que ha faltado sentido de pertenencia del gobierno departamental y los municipales hacía la comunidad indígena, tras indicar que “si los Wayuu tienen que concertar con una empresa extranjera el sector público los debe respaldar y asesorar, sin ser ajenos a la problemática social indígena y mucho menos ser pilares para atropellar a la dirigencia indígena”.

A su vez la representante a la Cámara por los pueblos indígenas del país, Orsinia Polanco Jusayu, se suma a la protesta como vocera de la comunidad, indicando que “al parecer existe una mala interpretación entre el significado de compensación e inversión social por parte de la estatal de Venezuela Pdvsa, y si en su país invierte el 10 por ciento del valor de la obra en las comunidades del área de influencia del proyecto, se espera que así lo hagan en La Guajira colombiana”.

Aseguró que “a la compensación en pequeñas dádivas como rollos de alambre, hilos, chivos y unos cuantos pupitres, arreglos de escuelas, construcción o limpieza de jagüeyes, le falta claridad, porque a futuro, ¿cómo será el sostenimiento de esa compensación entregada a humildes indígenas?”.

La parlamentaria Wayuu argumentó que “Pdvsa ha causado un conflicto interno en nuestra etnia al entregarle esos obsequios a unas familias y a otras no, en ese descontento es donde quedó al descubierto que dicha consulta se realizó mal, estuvo viciada y no fue clara ni profunda”.

Precisó que hace un llamado enérgico a Ecopetrol y la ChevronTexaco porque ellos económicamente son los grandes beneficiados, por lo cual deben respaldar a la comunidad indígena y contarles claramente a los guajiros y a los colombianos la magnitud social y económica que representa el gasoducto binacional.

HABLA PDVSA

El gerente de Pdvsa gas, Erick Rincón, dijo que las obras no se han paralizado, que escucharán y aclararán a las comunidades cuáles y cómo se de- sarrollarán las obras de apoyo social a las comunidades Wayuu del área de influencia del megaproyecto internacional.

Aseguró que sólo están a la espera del término de las obras y que los líderes Wayuu están en su derecho de reclamar porque están desinformados, por lo cual Pdvsa está abierta a escuchar y aclarar los malos entendidos

La comunidad Wayuu en una sola voz dice que quiere obras de impacto social más allá de los 50 chivos, porque el problema en esta ocasión no es de hambre, de unas cuantas pelotas de hilos para las artesanas, de una alberca, lo que quieren es una obra de impacto y beneficio para todos, especialmente para las comunidades indígenas que en su sentir son los dueños ancestrales del territorio.

LA VOZ WAYUU

Rosario Aguilar, líder indígenas, informa a los suyos sobre las conversaciones adelantadas con Pdvsa.

La líder indígena del municipio de Manaure, Rosario Aguilar, dijo a EL HERALDO, que “Nos están dando unas limosnas, no hemos pedido nada, pero si llegan y nos dan un regalo lo aceptamos, a futuro no podrán exigir nada, porque no han sido claros, sin pedir nada a cambio nos están dando un regalo, tampoco podrán tumbar nuestras casas, ni nuestros cementerios por unos cuantos chivos que ya nos comimos”.

Puntualizó que si le preguntan ¿cuáles son nuestras necesidades? Pediremos agua, salud, educación y trabajo, porque la comida de un día no puede ser hambre para mañana.

De acuerdo al antropólogo Weildler Guerra Curvelo, “en muchos procesos de desarrollo que se llevan a cabo en los territorios indígenas, dan prioridad a un interés que es muy válido, el cual es el desarrollo económico, es la posibilidad que tienen los colombianos de encontrar un modelo que permita mayor bienestar social, pero no se debe sacrificar la integridad cultural y territorial de las comunidades indígenas, por ello en todo proyecto debe existir armonía proyecto- comunidad, para evitar enfrentamientos; el camino es cumpliendo la Ley, y que las entidades gubernamentales encargadas de velar por la aplicación de esa normatividad no se ausenten de esa tarea, puesto que con tal actitud solo se permite que las comunidades sean vulneradas”.

A lo que Álvaro Iguarán agrega que “Debemos hacer un alto en el camino, para evitar que lo que no hicieron los colonizadores españoles, lo hagan las empresas internacionales, nuestra misión es defender la causa indígena y de las comunidad en general”.

La comunidad Wayuu en una sola voz, dice que quieren obras de impacto social más allá de los 50 chivos, porque el problema en esta ocasión no es de hambre, de unas cuantas pelotas de hilos para las artesanas, de una alberca, lo que quieren es una obra de impacto y beneficio para todos, especialmente para las comunidades indígenas que en su sentir son las dueñas ancestrales del territorio.

Tomado de El Heraldo domingo 12 de enero de 2007: http://www.elheraldo.com.co/hoy070114/regionales/noti2.htm