Colombia/ Propuestas indígenas al VII Foro Permanente de Naciones Unidas

Indígenas pedirán a pueblos y Estados que insten al gobierno a cumplir recomendaciones de la ONU

SIEC. Actualidad Étnica, Bogotá, 18/04/2008. El Séptimo período de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas se realizará del 21 de Abril al 2 de mayo próximos en la sede de Naciones Unidas, Nueva York. El tema especial seá el "Cambio climático, la diversidad biocultural y los medios de vida: la custodia por los Pueblos Indígenas y nuevos retos".

Por Colombia asistirán la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, ONIC, y la ONG Cecoin, las cuales preparan sus informes para dar a conocer la problemática de Derechos Humanos que afecta a las comunidades y organizaciones indígenas del País. Son informes alternos al del gobierno colombiano, que ya tiene listo el suyo.

El Foro Permanente de Naciones es un espacio muy importante, abierto y flexible a la participación de los pueblos indígenas. A diferencia de otros espacios donde los gobiernos tienen primacía, o que son espacios propiamente de gobierno, el Foro es un espacio abierto a la coordinación con otros organismos de Naciones Unidas, que puede hacer recomendaciones a los gobiernos.

Edith Batidas, una indígena del pueblo Pasto vinculada con Cecoin, dijo que es importante hacer seguimiento a este espacio porque sino los únicos informes con que contaría el Foro serían los del gobierno.

Efectivamente el informe del gobierno colombiano asegura que "el Estado colombiano ha permanecido atento al cumplimiento de las disposiciones constitucionales y normas internas, así como de las obligaciones internacionales asumidas, encaminadas a preservar el carácter pluriétnico y a proteger la diversidad étnica y cultural de la nación, a través de una política pública diferenciada".

De no conocerse la versión de los indígenas se podría plantear que el gobierno colombiano tiene como prioridad atender las necesidades de los indígenas y les protege. Pero entonces ¿por qué se abstuvo de votar a favor la Declaración Universal de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos Pueblos indígenas? o ¿por qué el presidente de Colombia Álvaro Uribe ofrece recompensas por quien de información para capturar a los líderes indígenas que organizan las comunidades para recuperar tierras?

Luis Evelis Andrade Casama, Consejero Mayor de la ONIC y Edith Bastidas de Cecoin en conversación con Actualidad Étnica presentaron sus posiciones sobre la actitud del gobierno con los pueblos indígenas, sobre su informe, y señalaron algunas de las propuestas que presentarán en nombre de los pueblos ante esta séptima sesión del Foro Permanente.

El gobierno sostiene en su informe que "el gobierno colombiano responde a las recomendaciones internacionales en el tema de derechos humanos a través del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. El Programa Presidencial desarrolla escenarios de coordinación en los cuales en una primera etapa se reparten tareas y cada entidad asume compromisos relacionados con los objetivos buscados; posteriormente, se realizan reuniones de seguimiento en los cuales son evaluados los resultados obtenidos por cada entidad".

"El gobierno Asegura en el informe que "la Constitución y la legislación colombianas, así como los instrumentos internacionales ratificados por Colombia, están de acuerdo con la mayoría de las disposiciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, a pesar de que esta Declaración no es una norma jurídicamente vinculante para el Estado, ni constituye prueba alguna de la conformación de disposiciones de naturaleza convencional o consuetudinaria vinculantes para Colombia, se encontró que algunos aspectos de esta Declaración entran en franca contradicción con el orden jurídico interno colombiano, lo que obligó al Estado colombiano a abstenerse de votar".

"Por ejemplo, el artículo 30 de la Declaración contempla que se deben realizar consultas eficaces con las comunidades indígenas antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares. Conforme al mandato contenido en nuestra Constitución, la fuerza pública está en la obligación de hacer presencia en cualquier lugar del territorio nacional para brindar y garantizar a todos los habitantes la protección y respeto a su vida, honra y bienes tanto individuales como colectivos. La protección de los derechos de las comunidades indígenas y su integridad dependen en gran medida de la seguridad en sus territorios. En este sentido se han expedido algunas instrucciones a la fuerza pública para dar cumplimiento a la obligación de protección de los derechos de estas comunidades. Sin embargo, la citada disposición de la Declaración contraría el principio de necesidad y eficacia 2de la fuerza pública, impidiendo el cumplimiento de su misión institucional, lo que hace que resulte inaceptable para Colombia."

Según el Consejero Mayor de la ONIC, esta interpretación no se puede compartir y "pedirán la solidaridad de todos los pueblos indígenas del mundo y a los Estados para que insten al gobierno colombiano a firmar esta Declaración y para que la cumpla. Exigimos que se haga efectiva". Según Edith, en su informe, el gobierno habla teóricamente de unas medidas a favor de los pueblos indígenas, sin embargo llegado el caso no son tales".

Las organizaciones y autoridades indígenas consideran que por el contrario la militarización en sus territorios ha afectado profundamente su autonomía y ha desarticulado su tejido social, y en distintos escenarios los pueblos indígenas han denunciado con pruebas la continua violación a los Derechos Humanos por parte de actores armados, incluyendo la fuerza pública.

Edith sostiene que la abstención del gobierno colombiano es muy grave; "el gobierno sostiene la tesis de que puede sustraerse a la Declaración, cuando es claro que por tratarse de una norma de Derechos Humanos es vinculante. Además por la Constitución Política, Colombia es parte de estas normas de Derechos Humanos y esto hace que sean obligantes y que hagan parte de ese bloque de constitucionalidad. Nos parece muy grave que el gobierno siga manteniendo esa posición".

Al respecto, señaló Luis Evelis: "nuestra propuesta es plantearle a los miembros del Foro y al Relator Especial que haga un pronunciamiento sobre el cumplimiento que deben hacer los gobiernos a las recomendaciones hechas por el Doctor Rodolfo Stavenhagen, antiguo relator especial para los pueblos indígenas, que para el caso de Colombia no se han aplicado".

Sobre este tema Cecoin presentará un informe a los miembros del Foro y solicitará un espacio de tiempo para hacer una intervención o declaración al respecto.

Ambas entidades indígenas presentarán un informe sobre la situación de Derechos Humanos de los pueblos indígenas en Colombia y abordaran el tema de las recompensas ofrecidas por el colombiano para quien de información que permita la captura de quienes reclaman sus derechos realizando tomas de tierras, como un mecanismo de exigibilidad. "Estas declaraciones de Uribe sobre nuestros líderes que liberan la Madre Tierra, este pronunciamiento es muy delicado. Este ofrecimiento puede llevar a muchas anomalías, incluso a que se acuse a gente inocente, puede servir para que haya montajes y falsos positivos, como ya lo hemos visto en otros casos".

Si bien la agenda del Foro es muy reducida para el tema de DDHH, porque el tema central es el cambio climático, este tema debería ser parte de la declaración que se haga en el Foro. "Sí hay que hacer alusión al tema, incluso es una situación que amerita que se puedan adelantar acciones en el campo internacional por esa postura del gobierno colombiano en contra de los indígenas".

Luis Evelis señaló que "ante el tema de las recompensas vamos a exigir que dentro del Foro haya un pronunciamiento de los pueblos indígenas que confluyan allí al gobierno colombiano para que no criminalice las demandas o exigencias sociales de nuestros pueblos, ni las acciones que desarrollen nuestros dirigentes para reclamar sus derechos".

En cuanto al tema central del Foro la ONIC presentará el siguiente planteamiento: "Si las naciones están realmente interesadas en el tema de conservación de la biodiversidad y valoran lo que los pueblos indígenas tienen, deben insinuar, o por lo menos hacer un seguimiento para que los Estados y sus gobiernos no sigan elaborando y sancionando leyes con afán comercial o de explotar los recursos naturales que efectivamente atentan contra la biodiversidad y van en contra del mismo convenio en esa materia. También es necesario que se reconozca y quede plasmado por escrito el carácter de autoridad ambiental de los pueblos indígenas, y que se les respete esta condición en el marco de los Estados. Exigimos también que se respete esa condición de gobierno y legislación que los pueblos indígenas tienen para proteger los recursos naturales y la biodiversidad".

En materia de comunicación Luis Evelis Andrade dijo que "vamos a plantear que se apoyen las iniciativas de comunicación de los pueblos indígenas para que ellos fortalezcan sus propios medios y sus propias iniciativas. Es necesario fortalecer la comunicación en todos los ámbitos, no sólo con apoyo económico sino también tecnológico".

Sobre la aplicabilidad de las recomendaciones

Los indígenas de Colombia van a presentar una propuesta de recomendaciones para que sea abordada por los miembros del Foro permanente, teniendo en cuenta que es primordial y fundamental para los pueblos indígenas hacer seguimiento a su cumplimiento por parte de los gobiernos, empresas e instituciones a quienes van dirigidas.

Sin embargo, el gobierno ha señalado algunos obstáculos en la implementación de las recomendaciones del Sexto Período de Sesiones, pues "el cumplimiento de las obligaciones internacionales e internas del Estado colombiano en materia de indígenas, se ha visto amenazado por la situación de violencia interna que se vive en el país desde hace más de cuatro décadas. El accionar de los grupos armados organizados al margen de la ley ha causado innumerables pérdidas de vidas de indígenas, así como el peligro de la destrucción de varios resguardos. No obstante este escenario complejo, la labor coordinada y articulada de las entidades estatales, encabezadas por el Ministerio de Defensa Nacional, ha logrado mantener y proteger a los indígenas a través de la actuación de la fuerza pública a lo largo del territorio nacional".

A estos obstáculos se le añade la falta de voluntad política, han dicho los indígenas en repetidas ocasiones; al gobierno se le olvida que gran parte de la violación a los derechos humanos contra los pueblos indígenas se ha cometido con anuencia de la fuerza pública, sectores políticos y económicos abriendo un camino de angustia e impunidad para las comunidades indígenas. Según Edith, en el Foro se han hecho una cantidad de recomendaciones en todas las materias, "por eso la principal preocupación de los pueblos indígenas es hacerle seguimiento a esas recomendaciones para que se implementen, porque las distintas agencias, empresas y gobiernos a las que van dirigidas no las han cumplido".

El gobierno no ha cumplido estas recomendaciones, a pesar de que reconoce la existencia de factores que facilitan su implementación: "El hecho de que el ordenamiento jurídico colombiano reconozca, garantice y haga exigibles los derechos de los grupos étnicos al consagrar un Estado pluralista y diverso, facilita la implementación de recomendaciones enfocadas a proteger e impulsar el desarrollo de los pueblos indígenas".

Según el gobierno, "de acuerdo al índice de legislaciones indígenas del Banco Interamericano de Desarrollo, Colombia ocupa el primer lugar en calidad de su legislación en materia de derechos culturales y legislación indígena". Los avances van desde el Artículo primero que reconoce a "Colombia como un Estado social de derecho, organizado en forma de República, con autonomía de sus entidades territoriales, participativa y pluralista, fundada en el respeto, dignidad humana y en la prevalencia del interés general", hasta el Artículo 7 que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana; hasta las normas especiales que protegen los grupos étnicos y la diversidad cultural.

Sin embargo, como lo han demostrado los indígenas, a pesar de todas estas normas (muchas de las cuales vienen siendo modificadas para favorecer ciertos intereses), se ha quedado muy corto a la hora de proteger la vida y la biodiversidad colombiana. "Muchas leyes, muchas trampas y poco cumplimiento", es la realidad colombiana.

Con todo esto, ¿hay algún espacio dónde se haga una verificación de seguimiento a las recomendaciones? Para este año algunos miembros del Foro serán encargados de hacer un informe sobre las declaraciones y recomendaciones que promueva alternativas de implementación. Se hará énfasis en el seguimiento y la implementación, aunque los recursos para ello son insuficientes.

¿Hay algún mecanismo de sanción para los países que no cumplan las recomendaciones?

"Las recomendaciones del Foro no tienen un carácter de obligatoriedad, sin embargo, los países que hacen parte de la ONU están obligados al cumplimiento de los tratados con buena fe, y la carta de ONU obliga al respeto de unos derechos y al cumplimiento de unos acuerdos. Entonces si un país hace parte de Naciones Unidas, como es el caso de Colombia, y Naciones Unidas tiene una Instancia que se llama Foro Permanente y el Foro hace unas recomendaciones, estaríamos obligados a cumplirlas, de lo contrario estaríamos faltando a ese principio de buena fe en el cumplimiento de los tratados, además por tratarse de normas de Derechos Humanos. En anteriores ocasiones la Corte Constitucional se ha pronunciado frente a lo vinculante de estas recomendaciones de los organismos internacionales. Creemos, de todas formas, que a nivel político no es presentable que Colombia incumpla con estas recomendaciones en materia de DDHH de pueblos indígenas, pero a nivel jurídico también es posible intentar algunas acciones que será necesario estudiar a profundidad",señaló Edith Bastidas.

Tomado de: http://www.etniasdecolombia.org/actualidadetnica/detalle.asp?cid=6632